Fuente: La Mañana
En 2016, el entonces presidente Tabaré Vázquez anunciaba en tono triunfal frente a un grupo de empresarios en Galicia: “La economía nacional logró el año pasado alcanzar el periodo de crecimiento más largo de la historia del país, con trece años ininterrumpidos de expansión”. Si bien en los números aquello era cierto, también se habían generado las condiciones propicias para que miles de uruguayos no solo cayeran en la trampa del consumismo, sino también del acceso a los créditos rápidos.
En definitiva, el crecimiento económico del país –gracias a los altos precios de los commodities y a las inversiones celulósico-forestales–, a través de una política de distribución de recursos que a larga no funcionó, de una campaña de formalización laboral y de la llamada “inclusión financiera”, permitió que los quintiles más bajos de nuestra sociedad pudieran acceder al crédito por primera vez. En primer lugar, a través de los ingresos formales de un trabajo regular; y en segundo, a través del Mides y sus prestaciones sociales que otorgan ingresos fijos mensuales.
Sin embargo, este cambio que pudo verse como un factor de movilidad social o un derecho adquirido por parte de quienes habían estado marginados del sistema financiero, en realidad no dejó de ser una ilusión porque, aunque tuvieran ingresos fijos, estos no necesariamente eran altos. De esta forma, los hogares que tuvieron acceso a un ingreso mensual y formalizado transformaron abruptamente sus prácticas financieras. Y con la llegada de las empresas que se dedican a otorgar créditos rápidos –que con la ley de Astori de 2007 podían obtener jugosos réditos por medio de préstamos usurarios– también accedieron al crédito, aunque sin medir ni considerar el verdadero costo de dicho crédito. Y en ese sentido, no se hizo ninguna campaña de educación financiera ni mucho menos.
De esa forma, el acceso al crédito provocó un mayor consumo en un amplio sector de nuestra población, al tiempo que aumentaba su endeudamiento privado.
Esta experiencia no solo ocurrió en Uruguay. De hecho, en Argentina sucedió prácticamente lo mismo. Un investigador del Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain de París, Hadrien Saiag realizó un trabajo titulado El crédito al consumo en los sectores populares argentinos. Entre inclusión y explotación (Rosario, 2009-2015), en el cual analiza las transformaciones de las prácticas financieras de los sectores populares del cordón industrial rosarino durante los gobiernos kirchneristas. Según sus propias palabras, en este periodo, los trabajadores de la economía popular accedieron por primera vez al crédito al consumo de forma masiva, como consecuencia de su incorporación al sistema de protección social y de la formalización parcial de trabajos precarios. Los trabajadores percibieron esta transformación de forma ambivalente: por un lado, el acceso a dicho crédito significó una forma de inclusión para quienes no habían tenido acceso a él por falta de ingresos estables; por otro lado, expuso a los trabajadores de la economía popular a una nueva forma de explotación basada en el endeudamiento. Porque al final de cuentas terminan trabajando para pagarle a las financieras.
El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, consciente del problema de endeudamiento que estaban viviendo muchísimos uruguayos y se invisibilizaba como si se tratara de un tema tabú, señaló desde el primer día de esta legislatura que era necesario buscar una solución para la gente que había quedado atrapada en una calesita usuraria.
Así, Cabildo Abierto presentó su primer proyecto de ley al Senado en el año 2020, pero las constantes dilaciones y desplantes de gran parte del sistema político provocaron que, tres años después, esta fuerza política se lanzara en una campaña de recolección de firmas por una deuda justa.
No obstante, al instalarse el tema como objeto de discusión, el sistema financiero, que había rechazado cualquier modificación al estado de cosas actual, reaccionó en cierta medida. De hecho, según fuentes de Cabildo Abierto que se basan en datos de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), entre los años 2019 y 2024 hubo una caída de las tasas de interés por parte de las financieras que otorgan créditos rápidos.
En junio de 2019, el tope de tasa (el límite superior) era de 150 por ciento para créditos menores de diez mil UI y de 126 por ciento para los superiores a esa cifra. Y fue cayendo hasta tocar un piso en julio de 2022, cuando llegó a 101 por ciento para créditos menores de diez mil UI y setenta por ciento para créditos superiores, es decir, descendió 49 y 56 por ciento, respectivamente, por debajo de los valores de 2019. Sin embargo, en 2023 el tope de las tasas de interés de los préstamos al consumo volvió a subir hasta alcanzar el 125 por ciento para créditos menores de diez mil UI y 88 por ciento para créditos superiores a esa cifra. Desde enero de 2023 esos valores se han mantenido estables hasta el presente. Por lo que podemos decir que hubo un descenso de veinticinco y 38 por ciento, respectivamente.
Así, resulta evidente la incidencia de Cabildo Abierto en el descenso de las tasas de interés, porque al haber visibilizado el problema le puso rostros humanos, historias de vida a los deudores irrecuperables del BCU, que también forman parte de este Uruguay que seguramente nadie desea dejar atrás. Y en esa medida, aunque le sea más fácil al sistema político y financiero evadir responsabilidades afirmando que es un problema puramente particular entre quien pide un crédito y quien se lo otorga, lo cierto es que en el fondo hay un reconocimiento de que se hicieron las cosas mal. ¿No es por eso, acaso, que se lanzaron justo ahora las campañas de educación financiera, algunas de ellas hasta en las escuelas?
En definitiva, lo que parece haber olvidado el astoribergarismo – y también el Ministerio de Economía actual– es que el bienestar de la vida humana no sale de una calculadora. Y por más que algunos economistas se esfuercen en comprender los factores que inciden en el hecho económico desde un punto de vista puramente cuantitativo, existen variables culturales, socioeducativas, antropológicas, que deben ser atendidas si se quiere tener una economía saludable. Lamentablemente, se ha preferido ignorar durante muchos años lo que estaba sucediendo en el sustrato de nuestra sociedad, olvidando que el endeudamiento no solo provoca una pérdida de derechos, sino que, peor todavía, genera un sentimiento de decadencia social.