Fuente: El Observador
"Los asesores nuestros no son favorables a los allanamientos nocturnos porque estos tienen enormes dificultades para la policía. Incluso ponen en grave riesgo de seguridad" de los funcionarios, dijo el senador
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que los asesores sobre seguridad del partido "no son favorables a los allanamientos nocturnos porque estos tienen enormes dificultades para la Policía" y ponen en "grave riesgo" a los funcionarios.
"En lugar de poner tanta atención en el microtráfico, habría que poner atención en el macrotráfico. Acá tenemos microtráfico porque la droga entra y entra en grandes cantidades por la frontera. Entonces tenemos que parar en la frontera la facilidad de acceso que tiene la droga. Me parece un poco raro que continuamente estamos cerrando bocas, pero los grandes narcotraficantes no los vemos enjuiciados, ni presos, salvo alguna excepción", dijo este lunes en Primera Mañana de El Espectador.
Además, Domenech dijo que "los allanamientos nocturnos es un tema muy discutible", a propósito del proyecto de ley que el senador de Alianza Nacional, Carlos Camy, pretende reimpulsar para votarse en las elecciones de octubre de 2024.
"Nosotros no hemos fijado posición definitivamente sobre el tema. Quiero ser honesto y decir que los asesores nuestros no son favorables a los allanamientos nocturnos porque estos tienen enormes dificultades para la Policía", señaló. Y agregó: "Incluso ponen en grave riesgo de seguridad a la Policía".
Incluso el senador planteó una opción de cómo se debería combatir a las bocas de venta de droga.
"Y yo le diría que la mejor forma de neutralizar una boca de droga es ponerle un patrullero en la puerta y revisar a la gente que entra y sale. Sin necesidad de ningún allanamiento, esa boca de droga dura poco tiempo", aseguró.
El regreso de los allanamientos nocturnos
Como informó El Observador, el senador nacionalista Camy pretende impulsar un proyecto de ley en base al literal B del artículo 331 de la Constitución de la República, que implica aprobar el texto con el apoyo de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General para su posterior convocatoria a plebiscito en la elección inmediata.
Camy pertenece al sector de Alianza Nacional, que fundó el exministro del Interior, Jorge Larrañaga. En 2019 Larrañaga encabezó la campaña "Vivir sin miedo" que entre sus puntos principales tenía habilitar los allanamientos nocturnos. El plebiscito para reformar la Constitución superó el millón de votos, pero no alcanzó la mayoría que necesitaba.
Ahora la iniciativa es respaldada por el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que la ha venido impulsando desde que asumió tras la muerte de Larrañaga. "Se trafica de noche, se cometen delitos de noche. ¿En qué cabeza cabe que no podamos entrar a una casa de noche?", declaró en entrevista con Telenoche en 2021.
Tiempo más tarde, Heber se juntó por este tema con Camy. Por entonces el senador intentó tomar la posta a través de la vía parlamentaria, aunque encontró resistencias desde diversas filas. Tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio se mostraron reacios a aceptar una ley interpretativa de la Constitución, mientras que la senadora nacionalista Graciela Bianchi se opuso a otro mecanismo que implicaba menos votos en el Parlamento y la posterior convocatoria a plebiscito, como ahora quiere Camy.
Por su parte, en los últimos días, el intendente de Canelones y precandidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, calificó de "un disparate" plantear "otra vez" un plebiscito por allanamientos nocturnos, esta vez en 2024.
"Volvemos al mismo camino, canturreo y banalización de la discusión que no nos ayuda. Ahora, en el marco de una estrategia más global donde justicia y seguridad van de la mano, se puede analizar pensando en aquella clave de qué es un hogar y qué no", declaró a El Observador.
Por otra parte, en los últimos días los diputados del Partido Colorado, Gustavo Zubía, y el independiente Eduardo Lust (ex Cabildo Abierto) plantearon habilitar los allanamientos nocturnos pero a través de una ley interpretativa de la Constitución.
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