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El compromiso firmado en 2019 se debió haber cumplido en su totalidad y de una forma más proactiva

Fuente: La Mañana

Jorge Gómez Arbiza, asesor de seguridad de Cabildo Abierto (CA)


Cuando ingresó a la Policía, en el 80, no existía el narcotráfico en Uruguay. Sin embargo, 43 años después, la entrada de las organizaciones criminales dedicadas a esa actividad es evidente y ha hecho crecer los índices de delitos, de acuerdo al comisario mayor retirado y licenciado en Seguridad Pública, Jorge Gómez Arbiza, quien hoy asesora a CA en la materia. En diálogo con La Mañana, indicó que la principal preocupación actual está ligada a frenar el avance del narcotráfico y destacó la importancia de fortalecer las comisarías.


¿Cómo analiza la gestión en materia de seguridad de la actual administración?

No estamos totalmente disconformes porque algo se ha mejorado teniendo en cuenta de dónde se partía, aunque varios de los puntos que estaban firmados en el “Compromiso por el país” no se han cumplido y son primordiales para disminuir los índices de delitos. Si bien han bajado, lo atribuimos a la gestión y no a la puesta en práctica de un plan de seguridad más proactivo. En estos años se podrían haber disminuido los delitos mucho más rápido de haberse implementado otro tipo de medidas que no sé por qué no se cumplieron.


¿Cuáles son aquellos puntos del “Compromiso por el país” en el área de seguridad que no se han implementado?

Hay uno que parte de un paradigma de actuación que había establecido el Frente Amplio (FA) que era priorizar la movilidad, es decir, que los móviles de respuesta concurrieran ante los hechos delictivos y que el PADO hiciera prevención en algunos lugares. Pero no es suficiente con eso, tenés que potenciar la atención territorial. Al ciudadano no le alcanza con que el policía esté parado en una esquina sin ser proactivo. El PADO funciona por mapas de calor, o sea, de acuerdo a dónde esté golpeando el delito, se moviliza a esa zona para hacer prevención, pero si eso ocurre el delincuente simplemente tiene que cambiar de lugar. Se necesita una actuación perdurable en el tiempo y para eso se precisan unidades policiales que se dediquen a cada territorio.


¿Cómo fue este proceso en el que se perdió ese dominio territorial?

Eso lo hizo el FA a lo largo de un buen período de tiempo en etapas, disolviendo unidades operativas de Montevideo, pasando la Guardia Metropolitana del mando del jefe de Policía de Montevideo a una jurisdicción nacional, por lo cual se diluyó la fuerza de 1200 hombres que había en aquel momento y se perdió el dominio preventivo y represivo en toda la ciudad. Después se disolvió Radio Patrulla y también se eliminó la respuesta rápida y en una unidad que coordinaba las operaciones. Finalmente, una de las cosas principales que se estableció en el “Compromiso por el país” y no se cumplió fue potenciar las seccionales policiales.


Justamente, Cabildo ha insistido mucho con el planteo de fortalecer las comisarías. ¿Dónde radica la importancia de esta medida?

En ganar dominio territorial, que actualmente no lo ejercen. No se han potenciado las seccionales en la forma en la que se debió haber hecho.


¿Cuáles fueron las decisiones que llevaron a su “desmantelamiento”, como se ha señalado?

En el 2016 se hizo la Ley Orgánica Policial y se sacó la potestad que tenía la seccional para hacer las tareas que cumplía, y se convirtió en un centro de información y recepción de denuncias. Hace mucho tiempo que no existe un dominio territorial en las seccionales, el comisario que la gente tiene como referencia de autoridad de su jurisdicción no tiene ningún tipo de posibilidad de responder a las investigaciones y la atención de su jurisdicción.


Decía que no se han podido bajar los delitos como se debería por falta de planificación. ¿Dónde identifica las mayores fallas de la gestión actual?

En mayor o menor medida todos los policías deben cumplir ciertas tareas independientemente de dónde estén, pero hay unidades policiales que están dedicadas prioritariamente a un tipo de tareas, como tareas comunitarias, relacionamiento con la ciudadanía, información hacia adentro y hacia afuera de las unidades policiales, prevención social del delito, represión del delito en sus dos fases –la respuesta cuando recién ocurre y, si no se logran resultados en forma inmediata, la represión desde el punto de vista de la investigación criminal–. Esas tareas no se están cumpliendo de manera descentralizada.


¿Puede dar un ejemplo?

Por ejemplo, hay cuatro zonas en Montevideo repartidas teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, estamos hablando de unos 300.000 o 400.000 habitantes por cada una. Para la zona cuatro, que son seis jurisdicciones, todos los hurtos, rapiñas, delitos contra la propiedad y otro tipo de delitos, el personal de investigaciones totaliza alrededor de 100 policías repartidos en tres turnos, a lo que hay que descontar las licencias. Entonces, hay entre 15 y 20 policías para investigar ese tipo de delitos en seis jurisdicciones habitadas por 400.000 personas, es imposible que una unidad pueda satisfacer todos esos requerimientos. Además, se creó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y el policía tiene que estar trabajando con el fiscal, por lo tanto, no tiene la iniciativa investigativa que tenía antes.


Entonces, ¿el hecho de que el porcentaje de esclarecimiento de ese tipo de delitos sea tan bajo se debe a la falta de personal?

Hay un porcentaje de esclarecimiento muy pequeño porque cada zona se dedica a investigar los hechos delictivos donde tiene facilidad de carga probatoria, es decir, si hay cámara de visualización o testigos que hayan visto al delincuente y lo reconozcan. Toda la otra gama de delitos que necesitan más atención no se puede investigar de la misma forma, y el fiscal no hace hincapié en que se profundice en esta tarea porque también trabaja con los elementos que le aporta la policía. Eso genera mucha impunidad, el delincuente va captando que le es fácil delinquir porque la policía no tiene la capacidad de investigar, reunir las pruebas y capturarlo, y él pierde la libertad solamente cuando esos medios son muy fáciles de obtener. Eso se repite en todas las tareas. Estaba planificado cómo tenía que hacerse para resolver eso, y la base angular de cómo ejecutarlo era potenciar la comisarías. Eso actualmente no se puede hacer porque tienen un promedio de 60-70 policías repartidos en tres turnos y para hacer esa tarea necesitás de 100 para arriba.


¿Qué balance hace de la situación de seguridad en el país? ¿Cuáles son los principales problemas?

Nosotros estamos elaborando el programa, está bastante avanzado y nuestra principal preocupación no está en la situación actual, sino en los eventuales peligros de los tiempos venideros. Hay un deterioro progresivo que está motivado por el avance del narcotráfico, no solo en el país, sino también a nivel regional. Estamos viendo distintas variantes del crimen organizado que se están dando en otros países como los homicidios, el sicariato, la trata de personas, el tráfico de armas, de precursores de drogas. Muchas organizaciones internacionales eligen distintos lugares de acuerdo a las facilidades que ese país o territorio les ofrece para sus actividades.


¿Cómo es el caso de Uruguay en ese sentido? ¿Es vulnerable al ingreso de nuevas organizaciones criminales?

Uruguay ofrece determinado tipo de facilidades o vulnerabilidades para las actividades delictivas, básicamente, los puertos, la falta de escáneres, la falta de vigilancia proactiva en las fronteras, todo eso hace que seamos muy permeables a esa situación. Nosotros no queremos que nuestras ciudades se conviertan en territorios colonizados por el crimen organizado.


¿Qué es lo que proponen para evitar que se llegue a esa situación?

Pretendemos impulsar un enfoque de blindaje del país, es decir, hacer que nuestro territorio, desde que uno llega a la frontera hasta que deambula en él, sea un medio hostil ante el crimen organizado. Estamos muy preocupados por esto, es fundamental prevenir, de modo que no terminemos convirtiéndonos en una víctima vulnerable a ese tipo de actividad. Entendemos que los índices actuales del país en algún sentido son un síntoma de que estamos en el camino hacia ese escenario y no queremos que se llegue, porque una vez que un territorio es colonizado por el crimen organizado, es muy difícil volver atrás.

En resumen, estamos preocupados por la situación actual de la seguridad porque la gestión no fue lo proactiva y eficaz que pudo haber sido, pero estamos todavía más preocupados por generar un ambiente de hostilidad para el crimen organizado y el crimen en general, porque existe un efecto derrame, o sea, si grandes organizaciones criminales se instalan en el país, generan hacia abajo un incremento de crímenes de menor cuantía o de conquistas de territorio como extorsiones, secuestros, tiroteos, asesinatos, entre otros. Eso lo vemos en otros países como Colombia, México, Brasil, Argentina –en Rosario–, Paraguay, es el modus operandi de cómo se conquista un territorio para hacer actividades criminales. Estamos en un estado de vulnerabilidad y no queremos que siga avanzando hacia eso.


¿Uruguay va camino a convertirse en esos países que menciona si la situación continúa de la misma manera?

Yo tengo 60 años, cuando entré a la policía, en el 80, no existía el narcotráfico en Uruguay. Desde el 80 hasta el 2023 la situación se ha deteriorado y han crecido todos los índices delictivos, no los puedo atribuir exclusivamente al crimen organizado, pero la penetración de las organizaciones que básicamente se dedican al narcotráfico es evidente que ha ocurrido. Al mismo tiempo, si ves ciudades como Pedro Juan Caballero en Paraguay, algunas ciudades de Brasil donde está el Primer Comando Capital, en todos los lugares el primer síntoma que se detecta es que las organizaciones criminales se abren paso efectuando asesinatos con sicariato, homicidios múltiples, lo que acá llamamos ajustes de cuentas, que en realidad pueden ser por guerra o simplemente para eliminar la competencia.


¿La actual tasa de homicidios es un factor de preocupación en particular?

Hace 15 años la ciudad de Rosario estaba en los niveles de homicidios que tenemos acá hoy, con una tasa de 15-16%. Ahora ellos andan en 22%, quiere decir que en este período se estableció el crimen organizado. Ese es el camino evolutivo natural de ese deterioro. Yo no digo que estemos en ese camino, pero tenemos que estar muy atentos a los síntomas y prevenirlos. ¿Cómo los prevenimos? Blindando las fronteras, todos los caminos de acceso y salida al país por vía fluvial, marítima, aérea y terrestre, para lo cual se necesita una acción coordinada de todas las organizaciones del Estado que tienen competencia en esas materias. De esa forma podemos generar un escenario difícil para el establecimiento de las bandas criminales. No las vamos a eliminar nosotros, pero sí podemos lograr que desvíen su centro de actividades hacia países o regiones que no nos afecten. Que estemos en la ruta de salida y exportación de droga para otros países obviamente que nos preocupa, pero eso se previene generando una hostilidad desde el punto de vista fáctico y normativo para evitar que el crimen organizado vea posibilidades de ingresar en los nichos de actuación donde pueden favorecer su negocio. No hablo solamente en cuanto a lo operativo y preventivo policial, sino también en lo referido a lo financiero y la prevención del lavado de activos.


¿Cuáles son las propuestas fundamentales de Cabildo en materia de seguridad que llevarían a una mejora sustancial de la situación?

Las líneas estratégicas del programa de gobierno que va a impulsar Cabildo –que ojalá cuente con el acompañamiento de otras fuerzas políticas– pasan básicamente por estos aspectos que te dije de blindar al país para prevenir el crimen organizado; dominar el territorio potencial de las comisarías y ampliar sus posibilidades legales y administrativas para que realmente haya una prevención y represión; atacar fuertemente el aspecto carcelario impulsando el trabajo obligatorio para los privados de libertad, generando cárceles de alta seguridad, pero también de mínima seguridad con menor población carcelaria; atender y potenciar los equipos técnicos para la reinserción social, fortaleciendo a la Dinali y apoyando a esa familia que de repente quedó desprovista de un referente familiar que sustentaba su supervivencia.


¿Cómo evalúa la realidad actual de las cárceles?

El crecimiento de la población carcelaria es un fenómeno casi mundial y nosotros no escapamos a esa situación. Va de la mano del aumento de los delitos y la extensión de las penas. Actualmente tenemos alrededor de 15.000 privados de libertad en todo el país, somos uno de los países que tienen mayor cantidad de personas privadas de libertad per cápita. Además de esos 15.000, hay cerca de 20.000 personas en vigilancia o prisión domiciliaria que tienen que ser controladas y eso no se hace en forma efectiva porque faltan técnicos. Eso incrementa las posibilidades delictivas. La población delictiva que tenemos es muy grande y necesita una atención, porque eso también incide en el índice de delitos.


La diputada de CA, Silvana Pérez Bonavita, dijo a La Mañana: “En seguridad no hemos podido incidir demasiado porque estamos lejos del Ministerio del Interior”. ¿Coincide con esta apreciación?

Nosotros hemos tenido varias reuniones con diputados de la fuerza política y se los hemos manifestado. No existe nadie que represente a Cabildo en el Ministerio del Interior, se definió eso políticamente y no voy a entrar a discutir, pero es grave que no haya una participación en las estrategias de prevención y no se tome en cuenta lo que sugerimos, cuando en realidad una parte importante del electorado del país eligió a Cabildo por distintos aspectos, entre ellos, los de seguridad. Y no estamos exagerando ni criticando sin fundamento, si se firmó un compromiso en 2019 se debió haber cumplido en su totalidad y de una forma más proactiva.

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