Fuente: La Mañana
Una serie de auditorías realizadas durante 2023 reveló que aún continúan las fallas en varias entidades estatales. En medio de estas revelaciones y ante la falta de auditorías en varios organismos, el senador Guido Manini Ríos anunció que planteará un proyecto de ley para que se realice una auditoría obligatoria.
En una entrevista realizada al senador Manini Ríos en VTV Noticias, el 13 de diciembre, en la que se hizo referencia a varios temas de la actualidad como la recolección de firmas por una Deuda justa y el problema de la inseguridad. El líder de Cabildo Abierto también se refirió a los debes de la Coalición Republicana en este periodo de gobierno, entre los que nombró el tema de las auditorías. En referencia a este punto dijo: “¿Por qué no se hicieron las auditorías? La respuesta es media compleja. Realmente, las pocas auditorías que se han hecho terminan indefectiblemente en la justicia. Entonces, por qué no se hicieron más. Nosotros hemos hecho pedidos de informes desde el primer día a distintos ministerios, a distintas reparticiones buscando respuesta” a temas que deberían tener respuesta, refiriéndose a la falta información.
Y aprovechó la ocasión para dar una primicia, en la que anunció que Cabildo Abierto está trabajando en un proyecto sobre auditorías, expresando que su propuesta es que “una vez que cambie la administración, en un plazo limitado, que en el borrador actual se propone de 180 días, todas las reparticiones del Estado deban pasar por auditorías de gestión para ver el uso que se haya hecho de los dineros públicos”.
Proyectos en espera
Una de las auditorias del año fue en la Dirección Nacional de Industria (DNI) del Ministerio de Industria. En sus conclusiones, la Auditoria Interna de la Nación (AIN) señala que los controles de la DNI en el proceso de valoración técnica para la aprobación de proyectos de inversión del sector industrial presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) “se ejecutan con demoras y atrasos significativos que derivan en la postergación de su resolución final, incumpliendo de esta forma con los plazos establecidos en la normativa vigente”. El Ministerio de Industria tiene una demora de dos años para dar inicio al proceso de valoración técnica de los proyectos que le envía la Comap. En el transcurso de 2022 se aprobaron noventa proyectos de inversión en el sector industrial, mientras tanto, al inicio de este año, existían pendientes de tramitación 341 expedientes presentados entre 2021 y 2022.
Asimismo, la AIN señaló que no existen actividades de supervisión y monitoreo sobre la realización de las evaluaciones y la diligencia de los expedientes en trámite, lo “que sumado a la falta de asignación de responsables y de recursos humanos, ha imposibilitado en el transcurso de los años al organismo ejecutar el proceso en forma ágil y eficiente”.
Demoras en el periodo de evaluación de expedientes, acumulación de expedientes sin trámite de evaluación iniciado, falta de liderazgo y de asignación de evaluadores son las áreas críticas que observó la auditoria. Estos hechos generan “incertidumbre a inversores, desestimula la realización de inversiones y la pérdida de imagen institucional”.
Problemas en la Ursec
El informe de la auditoria de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) señala que aún no se implementaron una serie de recomendaciones efectuadas en 2021. En ese informe se señalaba que había debilidades en la gestión de los expedientes, la Unidad de Auditoría Interna no estaba operativa y había deudores que no estaban identificados, entre otros.
Cuando asumió el gobierno, en 2020 dentro de la Ursec se encontró por parte de la auditoría que existía un tratamiento en paralelo de asuntos en la Secretaría General y se destruyó documentación, entre otras irregularidades. Por ellas fue procesado el anterior director de la Ursec, Nicolás Cendoya. En la auditoria de este año se informó por parte de la Ursec a los auditores que se lleva adelante “la realización de una investigación administrativa en relación con los expedientes” que se encontraban en situación irregular. Quizás uno de los hechos más graves es que en 2020 se detectó que las empresas que debían pagar a Ursec lo hacían con una declaración jurada sin que posteriormente se verificase si esos parámetros eran ciertos o no. Tres años después la situación es incambiada. La Ursec informó a la Auditoria Interna de la Nación que “no se ha podido crear un área de fiscalización para efectivizar los controles sobre la recaudación” y en relación con un acuerdo con DGI para el intercambio de información “no se ha avanzado”.
En 2020 el saldo de deudores era de 140 millones de pesos, equivalente al 17.3 por ciento de los ingresos del mencionado año. En 2023 la Ursec indica que “no se han realizado acciones” a fin de efectivizar los cobros.
La situación en AFE
Una de las situaciones que sigue siendo poco menos que caótica se registra en AFE. En 2023 y a cuatro años de iniciado el Gobierno, la AIN señala que la empresa de ferrocarriles “desconoce el universo de los inmuebles que integran su patrimonio, no posee información confiable e íntegra sobre los bienes inmuebles de su propiedad, su valor patrimonial y/o catastral, así como sobre su disposición y estado”. Por lo demás, los controles existentes no permiten conocer el estado de conservación actual de dichos bienes. AFE tiene la característica de poseer inmuebles en muchas partes del país, los cuales formaban parte del antiguo sistema de ferrocarriles, pero al no funcionar más este en gran parte del territorio, esas casas fueron arrendadas.
La auditoría reveló que “la falta de certeza sobre la cantidad de inmuebles arrendados y la ineficiente gestión de cobro genera incertidumbre sobre el principal ingreso que tiene hoy en día el organismo”. En total, se estima que AFE tiene unos 860 inmuebles, de los cuales unos 230 están arrendados a particulares. La unidad dentro de AFE que se encarga del control de los inmuebles (Unidad Gestora de Inmuebles) tiene dos funcionarios: un encargado y un funcionario para mantenimiento.
En algunos inmuebles para los cuales AFE no definió un destino específico y no cuenta con servicio de vigilancia, se constató la ocupación por personas no autorizadas en dos estaciones ferroviarias, una vivienda vandalizada y asentamientos en la faja de la vía férrea.
En notas a los estados contables del ejercicio 2022 se informó que existían 106 comodatos y 462 comodatos precarios. Sin embargo, en la planilla de inventario de la Unidad Gestora de Inmuebles figuran 299. Solicitada la lista de inmuebles dados en comodato, se informó que AFE no cuenta con este detalle.
De los 229 arrendamientos de instalaciones de AFE a particulares, el total adeudado es de veintidós millones de pesos y el promedio mensual de la cuota que deben pagar es de 2.662 pesos. En cuanto a los arrendamientos de empresas y funcionarios, el 42 por ciento de lo adeudado posee una antigüedad mayor a dos años.
El 78 por ciento de las deudas son de la empresa Self SA (empresa de la cual AFE es accionaria), saldo que se acumula desde 2019.
Hay un municipio del interior que ocupa una instalación de AFE. Como el servicio de energía eléctrica está a nombre de del ente ferroviario, esta empresa debe pagar mensualmente la luz y a junio de 2022 lo abonado llegaba a un millón de pesos, lo cual nunca fue devuelto por el municipio.
Tampoco la Gerencia Financiera de AFE ha recibido instrucciones de cómo proceder con el saldo y la facturación posterior. Es de destacar que el noventa por ciento de esta cifra es anterior a 2018.
Pero los problemas internos también forman parte de la realidad de AFE. La Gerencia Comercial manifestó que no debe realizar funciones por gestión de cobranza que le fueron asignadas por dos resoluciones de 2016. Dicha gerencia dice que no se debe dedicar a cobrar, ya que esas ordenanzas fueron derogadas, pero resulta que tal derogación o no existe o se perdió. Solicitado el documento por la AIN, no fue proporcionado.
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