Fuente: El Observador
El decreto del Poder Ejecutivo para financiar un nuevo sistema de control migratorio con un precio de US$ 2,10 a los pasajes hace ruido en el oficialismo y Cabildo Abierto se pronunció en contra
El "precio por servicio de seguridad" de US$ 2,10 más IVA decretado por el Poder Ejecutivo para financiar un nuevo sistema de control migratorio a través de los pasajes del transporte fluvial –por Buquebus y Colonia Express– generó anuncios de demandas por parte de las empresas, y por otro lado genera malestar entre los socios de la coalición.
"No estoy de acuerdo con esa llamada tasa que no deja de ser un impuesto", dijo a El Observador el general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. "No estoy de acuerdo porque si hay algo de lo que ha hecho caudal este gobierno es decir: 'No vamos a subir impuestos'", cuestionó el senador.
"Entiendo que esto es para pagar un sistema de control migratorio que lo obligan a pagar a compañías navieras, cuando la migración se hace por distintas vías: por los puentes, los aeropuertos. Creo que no es justo que solo lo pague un sector", continuó el general.
"Aparte se le hace pagar a determinado sector privado algo que es obligación del Estado darlo. Es como que se le haga pagar a tal sector el equipamiento de la Policía. No corresponde, es un impuesto y en definitiva va a generar un encarecimiento de los pasajes para todos los que usan ese servicio", sentenció Manini.
Consultado sobre si estaría dispuesto a votar la medida en caso de implementarse por ley, el general sostuvo que estarían "dispuestos" si "se hace con justicia" y "se reparte entre todos los actores".
"Pero hay que analizar bien si realmente se tiene que hacer un impuesto o es parte de las obligaciones que tiene el Estado y su presupuesto nacional. El Ministerio del Interior tiene un presupuesto para controlar la migración en el país", concluyó.
Meses atrás también había planteado sus reparos el ministro de Turismo y precandidato por el Partido Colorado, Tabaré Viera, aunque días atrás, al ser consultado por el tema, cerró filas con el decreto del presidente Luis Lacalle Pou.
Decía Viera en octubre del 2023: "En el precio del pasaje, yo creo que 2,10 dólares más IVA, no hace la diferencia a ningún turista. Entendemos perfectamente la situación de otro ministerio, (...) que necesitan financiar la adecuación de estos servicios. Pero a veces no es la cantidad, sino el mensaje. Discrepamos. Vamos a dedicarle un tiempo para conversarlo con nuestros amigos del gobierno".
La semana pasada, sin embargo, el ministro de Turismo justificó que es la tasa determinada por el gobierno "para poder financiar algo que se pedía a gritos, que es la mejora tecnológica del control de migraciones". “Siempre estamos clamando porque se agilicen los trámites, que no haya colas en los pasos de frontera, y muchas veces era por las dificultades técnicas que Migraciones tenía en todo su proceder”, declaró en una rueda de prensa en la que también aseguró que "va a ser imperceptible en el costo del pasaje".
Consultado por El Observador, el diputado colorado Ope Pasquet aclaró no haber profundizado en el tema, pero señaló: "El principio general es que una imposición de este tipo debe tener su base legal, de lo contrario es inválido".
El Frente Amplio machaca desde hace meses contra la medida. "Crearon un nuevo impuesto por decreto para monitorear el ingreso al país como corolario de una licitación llena de irregularidades, observada por el Tribunal de Cuentas. Inconstitucional es poco", escribió en redes sociales el diputado del MPP, Sebastián Valdomir.
Comments