Fuente: Programa de Gobierno CA
1. Consejo de Economía Nacional: Impulsar la integración del Consejo de Economía Nacional (previsto en el artículo 206 de la Constitución de la República) con carácter consultivo y honorario que provea un espacio de consulta y acuerdo tendiente a facilitar los consensos necesarios para impulsar políticas de estado en áreas de economía y finanzas, entre otras.
2. Competitividad
2.1. Mercado cambiario: Recuperar la competitividad de la producción uruguaya mediante la confluencia del equilibrio fiscal, la política monetaria y la regulación financiera. A tales efectos se impone un análisis profundo del funcionamiento del mercado cambiario y el origen de los capitales que ingresan al país.
2.2. Defensa de la competencia: Actualizar la normativa y asegurar su cumplimiento en defensa de mercados competitivas, eliminando disposiciones opacas que benefician empresas al dificultar o encarecer la actividad de sus competidores existentes o potenciales. Eliminar la concentración empresarial y los oligopolios de facto en mercados cuyo tamaño no lo justifica.
2.3. Desarrollo: Buscar formas de promover las actividades productivas que aumenten el valor agregado a las materias primas nacionales, especialmente para la exportación. Analizar posibles áreas de potencial en este contexto, adoptando políticas sectoriales de estímulo y organización, e interviniendo en apoyo a la creación de mercados. Fomentar la innovación tecnológica mediante incentivos a las actividades nuevas y tradicionales.
2.4. Revisar regulaciones: Revisar los regímenes fiscales y aduaneros de importaciones, tasa consular y otras trabas arancelarias (aranceles, aforos, precios de referencia, etc.), regulaciones y demás regímenes especiales con miras a igualar las condiciones de ingreso y entre participantes existentes para promover la libre competencia.
2.5. Inserción comercial: Promover la inserción comercial en mercados internacionales de forma bilateral y multilateral como elemento central de las relaciones internacionales, en coordinación con las autoridades económicas. Rever acuerdos comerciales existentes buscando flexibilidad con socios e identificar nuevas alternativas.
2.6 Letras de Regulación Monetaria: Reducir monto circulante de forma progresiva mediante una mejor adecuación de su tasa de corte a las condiciones internacionales.
3. Política de ingresos
3.1. IRPF: Rever las franjas y alícuotas aplicables al impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF).
3.2. Régimen fiscal Pymes: Elaboración e impulso de una fuerte reestructura del régimen fiscal de las MiPyMEs que permita reducir o mitigar el impacto de la carga impositiva que deben soportar los emprendedores, desde la instancia inicial de instalación de la empresa hasta su cierre y cancelación.
3.3 Extensión bonificación: Se propone modificar el art 228 de la ley 19.889 (LUC) extendiendo el plazo de bonificación del 25% a dos años, y mismo período para el 50%. Asimismo, autorizar a que dicho beneficio se otorgue a empresas que nunca lo obtuvieron y reinicien actividad luego de haber dado de baja o clausura, siempre que hayan abonado todos los impuestos.
3.4. Relaciones de consumo: Analizar la conveniencia de que la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) se independice del BCU para conformar una institución autónoma. Agregar a las funciones actuales de la SSF una defensoría especializada en atender reclamos de consumidores de productos y servicios financieros.
3.5. IVA personalizado: Mantener la aplicación del régimen de IVA personalizado a franjas de bajos ingresos vía tarjeta MIDES y BPS.
4. Inversión
4.1. COMAP: Modificar la legislación vigente en materia de incentivos fiscales a la inversión (COMAP) con vistas a reducir el gasto tributario y otorgar preferencias a pymes en áreas específicas, priorizando el trabajo nacional.
4.2. Expansión de sectores: Analizar el apoyo en etapas iniciales mediante políticas de estado a proyectos de inversión en distintas áreas en que el país ya exhibe o pueda presentar condiciones favorables de explotación y expansión, tales como: lácteos y derivados, nuevos cultivos, acuicultura, centro financiero regional, turismo de salud, farmacéutica, cinematografía, desarrollo de aplicaciones digitales, riego y administración de aguas, actividades intensivas de granja, centros universitarios internacionales, transportes y tránsito en masa de cercanías, pesca e investigación ictícola en mar territorial.
4.3. Autorización del Senado: Grandes proyectos o contratos que trasciendan más de un período de gobierno o en los que el Estado se comprometa en sociedades, garantías o parte de los mismos, requerirán venia del Senado de la República. Se procurará el asesoramiento de los mejores técnicos nacionales o extranjeros en caso que el Uruguay no los posea.
5. Control del gasto público
5.1. Gasto del gobierno central: Reducción y mantenimiento del gasto público del gobierno hasta el 27% del PBI en el quinquenio 2025-29. A tal propósito se recomienda para el ejercicio 2025 y sucesivos una reducción del 5% en todos los rubros de gasto del presupuesto nacional aprobado para 2024.
5.2. Regla fiscal: Perfeccionar la regla fiscal con criterios para endurecer y establecer sus metas, mejorar la metodología para el cálculo del PBI potencial e incrementar la objetividad de su interpretación.
5.3. Tarifas y precios: Reducir a una frecuencia anual la indexación de tarifas y precios del Estado e Intendencias. En el caso de tasa de mora en la facturación de servicios proporcionados por entes autónomos e intendencias, las multas y tasas de mora aplicadas deberán reducirse notoriamente según los niveles de consumo.
5.4. Limitar ingresos al sector público: Limitar el ingreso de nuevos empleados y contratados a las dependencias del sector público a una fracción predeterminada (25%) de las vacantes producidas.
6. Usura y deuda justa
6.1. Plebiscito: Seguir impulsando el plebiscito “Contra la usura y por una deuda justa” para modificar el artículo 52 de la Constitución de la República para que una ley de orden público aprobada por mayoría especial establezca -sin posibilidad de delegar- el límite máximo al interés de las obligaciones, tanto de empresas privadas como de entidades públicas. Asimismo, estableciendo como medidas transitorias hasta la aprobación de dicha ley la fijación de un interés máximo por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas, así como la reestructura de las deudas no superiores a UI
200.000 anteriores al 18 de julio de 2023 mediante el pago del monto inicialmente convenido convertido en UI y la aplicación de una tasa efectiva anual del 4%, descontando los pagos ya efectuados para el deudor.
6.2. Solución legal: Procurar una solución legal integral para el problema de la usura y el sobreendeudamiento de los uruguayos, que contemple tanto la reestructura de deudas como la fijación de una tasa máxima de interés, modificando sustancialmente la ley 18.212 del año 2007.
6.3. Publicidad engañosa: Controlar la prohibición de publicidad engañosa y procurar el máximo de información para los usuarios de préstamos al consumo o tarjetas de crédito.
6.4. Prácticas abusivas: Prohibir las prácticas abusivas de adquirentes de carteras de crédito o que realicen gestión de cobranza como violación de intimidad u honra de la persona, uso de información errónea, el uso de amenazas o llamadas constantes, entre otras.
6.5. Educación financiera: Exhortar a ANEP a brindar cursos de educación financiera para los estudiantes de secundaria.
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