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Proyecto de Cabildo Abierto pretende incluir intérpretes de sordos en cada oficina del Estado

El diputado cabildante Jamil Murad presentará un proyecto de ley que incluye a todo establecimiento o dependencia del Estado y los municipios, y en particular los servicios de emergencia médica.

Redacción El País


Cuando una persona sorda o hipoacúsica tiene una emergencia médica y está sola, puede enfrentarse a grandes problemas. Si bien la Ley de Lengua de Señas supuso un gran avance para la comunidad en 2001, no hay en ella una disposición que obligue a los prestadores de salud a contar con un intérprete para transmitirle al médico el malestar del paciente. Y esta situación cotidiana pero poco visibilizada se repite en las dependencias del Estado, por más que el artículo 5 de la Ley 17.378 disponga que deben asegurar “el acceso a los servicios de intérpretes de lengua de señas uruguaya en cualquier instancia en que no puedan quedar dudas de contenido en la comunicación que deba establecerse” Para asegurar que las personas con sordera efectivamente gocen de este derecho, consagrado por norma, el diputado cabildante Jamil Murad presentará un proyecto de ley que modifica la ley de 2001. A lo ya dispuesto en el artículo 5, propondrá agregar: “A tales fines, todo establecimiento o dependencia del Estado y los municipios, y en particular los servicios de emergencia (médica), deberán contar con intérpretes de lengua de seña uruguaya en forma presencial o videollamada”. Murad, que es suplente de la diputada Elsa Capillera, contó a El País que desde hace dos años está trabajando en esta solución legislativa. Lo inspiró el caso de su primo hermano, que es sordo y a su vez está casado con una mujer sorda y tienen un hijo con sordera. “Es un proyecto para personas que tienen un problema importantísimo de comunicación, especialmente al presentarse en las oficinas públicas. Entiendo que es deber del Estado asegurar que estén plenamente incluidas en la sociedad”, comentó Murad. Y aseguró que, más allá de lo dispuesto en la Ley 17.378, “llegado el momento, las personas sordas siempre tienen que pedirle asistencia a un pariente o a un conocido, o contratar un intérprete, que es carísimo”. En caso de que se vote, la aplicación de la ley dependerá de cómo la reglamente el Poder Ejecutivo. Pero Murad aspira a que se cree un call center de intérpretes, con la posibilidad de hacer videollamadas, para atender las consultas en tiempo real en dependencias gubernamentales y en los prestadores de salud públicos. “No existen peros. Si me hablan de un tema económico, hoy en día, con el uso de la tecnología, está bastante aceitado”, dijo Murad, que tiene el respaldo de la bancada cabildante y de varias asociaciones civiles. En Uruguay hay 30.000 personas sordas, según el último Censo Nacional de 2011.

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